En el día de ayer, se celebró en el Congreso de los Diputados que nuestra actual Constitución, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978 se ha convertido en la más longeva de nuestra historia, superando el anterior récord de vigencia que ostentaba la Constitución de 1876, que mantuvo su vigencia desde el 30 de junio de 1876 hasta el 13 de septiembre de 1923, esto es 47 años, dos meses y 14 días.

Este festejo se produjo en un marco de una inestabilidad política, con un gobierno de coalición en minoría con sus otrora socios abandonando el barco. Y sin ningún planteamiento más allá de la regulación por Real Decreto-ley, para perpetuar un sistema clientelar que a su vez permita a quienes ostentan el poder perpetuarse a sí mismos. El clásico juego de las sillas, pero sin levantarse cuando suena la canción.

Aunque todavía algunos no lo sepan, una constitución es la Ley fundamental y suprema de un Estado, situada por encima de cualquier otra norma jurídica. Define la organización política, establece la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y garantiza los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Es decir, funciona como la guía básica de nuestro ordenamiento jurídico.

Al hilo de la división de poderes, que ya un tal Montesquieu durante el siglo XVIII promulgaba en su obra 'El espíritu de las leyes'. Su objetivo no era otro que evitar la tiranía y salvaguardar las libertades y los derechos de los ciudadanos.  

La teoría era -y es- a priori sencilla: parte de la base de que la concentración de todos los poderes en una sola persona, gobierno, ente o partido político, lleva inevitablemente al abuso de poder en perjuicio de los ciudadanos.

Para ello, el ilustrado e ilustre francés planteó un sistema de contrapesos entre los poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial.  En el que la separación de estos poderes, supusieran un control a los demás. Algo de lo más lógico y racional.

Unos años más tarde, pero también en el mismo siglo y antes de la revolución francesa, otro ilustrado francés, esta vez Rousseau a través de su obra 'El contrato social' sentó las bases de que la soberanía nacional reside en el pueblo.

Nuestra constitución actual, y otras constituciones modernas, parten de estos -y otros- postulados para regular nuestra vida diaria en un Estado social y democrático de Derecho.

En el contexto actual, es pertinente preguntarnos si estos planteamientos de división de poderes y soberanía nacional sobre los que descansa y se asienta nuestra Carta Magna se están cumpliendo. Juzgues ustedes mismos.

Sin duda un día de celebración, pero queda mucho por mejorar, todavía, a por otros 47 años. Por lo menos.