Mantengo serias dudas sobre si es positivo, o no, que las generaciones más jóvenes no tengan ni idea de quienes son Txapote, Amaia, Txeroki, Gadafi, Amboto, Henri Parot, Txomin, Mobutu, Fito, Kantauri, Asier Arzalluz, Carasatorre, Zelarain, Setien, Mújika, Bilbao, Polo y tantos otros. Por fortuna, los años del plomo, las bombas y los secuestros han quedado atrás, estamos en el tiempo en el que por inaceptables intereses de poder, algunos de estos miembros de ETA se benefician antes de tiempo - con el dictamen desfavorable de la Fiscalía en algunos casos - de un Reglamento Penitenciario que tendría que ser igual para cualquier condenado. Todo ello porque el Gobierno de España ha cedido las competencias en la materia al Gobierno vasco.

No me sorprende lo más mínimo que desde el Ejecutivo se mencione tanto a Franco y tan poco a ETA. Lo uno y lo otro deben permanecer, de una u otra forma, en la memoria colectiva de este país. No viví la Guerra Civil, pero sí mis padres y abuelos. Ellos y yo soportamos durante décadas el terrorismo de los supuestos gudaris vascos. Personalmente, trabajando como periodista, me ha tocado acudir a una decena de funerales de víctimas de la barbarie independentista extrema. También he compartido tareas estudiantiles con compañeros, cuyos padres fueron cruelmente asesinados. Imposible olvidar.

A pesar de todo ello y dado que la ley lo contempla, no estoy en contra de los beneficios penitenciarios para quienes han cometido delitos de sangre. Entiendo que habría que diferenciar cada situación, con nombres y apellidos concretos. Lo que no comparto en absoluto es que haya terroristas, con condenas de cientos o miles de años, que reciban un tercer grado encubierto por obscenos pactos políticos de reparto de poder, de los que nadie, por cierto, ha tenido la honradez de contar a la ciudadanía los pormenores. No comprendo que individuos con casi una veintena de atentados y muertes a sus espaldas salgan de lunes a viernes, de ocho de la mañana a nueve de la noche, para realizar ¿labores de voluntariado? En los casos más sangrientos, la ley debería recoger, sin atajos, el cumplimiento íntegro de las penas.

Ahora en España existe la prisión permanente revisable para determinados delitos, pero no es el caso de los terroristas que mataron años atrás a casi novecientas personas, extorsionaron a miles y mantuvieron en tensión a un país entero. Al contrario, se aprovechan de los defectos de la ley electoral vigente. En este caso concreto, se benefician de los pactos entre el PSOE de Pedro Sánchez, Bildu y el PNV, con la connivencia de otras fuerzas políticas que también se llevan sus recompensas. Por si no fuera suficiente, algunos de ellos se mofan de las víctimas a las que han arrebatado sus vidas y de sus familias en cuanto salen de prisión.

En los últimos cuatro años, desde el traspaso de competencias, 115 presos de ETA han sido premiados con los beneficios penitenciarios que otorga a medida la Consejería de Justicia, dirigida desde 2024 por la socialista María Jesús San José. Entre ellos, angelitos de la talla del que fuera jefe militar de la banda, Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, con penas de 377 años de cárcel, que asesinó a dos guardias civiles en Sallent de Gallego (Huesca) y, entre otro montón de fechorías, lo intentó con el socialista Eduardo Madina o Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, que participó en una veintena de asesinatos y fue condenado a 1.123 años, o José Ramón Carasatorre, alias Zapata, condenado a 100 años de prisión por la muerte del concejal del PP Gregorio Ordóñez, el inspector de policía Enrique Nieto y el brigada del Ejército Mariano de Juan o Sergio Polo, alias Lur, condenado a 80 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en León en 1995 y por otros cuatro intentos de asesinato.

Haciendo cuentas, desde hace un par de años se aplica el tercer grado a un preso de ETA cada once días. Bienvenida sea la reintegración social para quienes han cumplido sus penas, han manifestado su arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas. Al contrario, ningún etarra debería recibir beneficios penitenciarios antes de tiempo simplemente porque esa ha sido una de las exigencias de Bildu para mantener a Pedro Sánchez en Moncloa (y conseguir la alcaldía de Pamplona).

Las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA claman en el desierto. La memoria de la sociedad es frágil. Desde el poder establecido arguyen que todo es legal, les aconsejan que lo entiendan... Como si fuera posible.