La justicia es lenta, lo sabemos todos. Esta semana ha comenzado en Valladolid el juicio del Caso Ataúdes, un proceso que se prolongará hasta el próximo mes de junio. En el banquillo se sientan 23 acusados. Por la sala de la Audiencia Provincial pasarán 239 testigos y 17 peritos. Los magistrados deberán aclarar qué ocurrió entre 1995 y 2015 en el Tanatorio El Salvador con las incineraciones de miles de personas, cuyos féretros fueron presuntamente sustituidos por otros de menor valor económico para su posterior reventa.

Este macrojuicio reúne todos los ingredientes para traspasar las fronteras mediáticas locales, incluso nacionales. De hecho, desde hace siete años las informaciones sobre el Caso Ataúdes se han visto reflejadas en periódicos y programas de televisión de países europeos y americanos. Los hechos que se investigan suscitan la curiosidad, cuando no el morbo, de unas audiencias ávidas de detalles macabros. Cuando se conozca el resultado de la sentencia, Valladolid volverá a estar en la cartelera de sucesos de multitud de medios de comunicación de media España y sus ecos resonarán allende nuestras fronteras.

Por si no fuera suficiente el asunto en sí mismo, el promotor de la acusación que ha desencadenado este proceso, un ex trabajador, murió por ahorcamiento. El propietario de la funeraria, que inicialmente acudió a la justicia para denunciar chantaje y extorsión, también ha fallecido. Ahora su esposa y tres hijos son para quienes se piden las mayores penas de prisión, veinte años por cabeza. El resto de los acusados que se sientan en el banquillo son o han sido empleados de la empresa.

Después de siete años de instrucción, la Audiencia dispone de un extenso sumario por el que podrían declarar hasta seis mil afectados, algo a lo que se han negado los jueces para no eternizar las sesiones del proceso. Los abogados de la defensa han solicitado la nulidad por supuestas irregularidades en la investigación policial. Consideran que la familia, que había puesto una denuncia por chantaje, comenzó a ser investigada sin su conocimiento (investigación prospectiva).

Además de las penas privativas de libertad, las acusaciones también solicitan doce millones de euros en concepto de multas e indemnizaciones. Algunos de los familiares directos afectados por la presunta estafa en los féretros también han fallecido durante estos años. Así pues, lo dicho, el Caso Ataúdes dispone de todos detalles para convertirse en protagonista de una serie documental de televisión. Al tiempo.

Aunque con retraso, ha llegado la hora de que la justicia determine las responsabilidades oportunas de los 23 encausados. Habrá declaraciones en las que se oirán respuestas y argumentos técnicos y escabrosos, intencionadas interpretaciones ante los micrófonos de la prensa y el habitual riesgo de quienes se despachan a gusto en las redes sociales. Lo sustancial es que se conozca la verdad de lo ocurrido durante veinte años con las incineraciones del Tanatorio El Salvador. Si hubo manipulación – masiva o puntual - de ataúdes por una miserable cantidad de dinero, caiga todo el peso de la ley sobre quien sea responsable de ello. Y que los muertos y también sus familias descansen en paz.