A finales de junio tendrá lugar un pleno en las Cortes de Castilla y León en el que el que toda la oposición aprobará, en contra de la opinión del Partido Popular, limitar la publicidad institucional. Veremos a socialistas, podemitas, partidos localistas y mixtos ir de la mano de sus archienemigos de la ultraderecha. Me temo que será un vano intento de someter al gobierno autonómico (al actual y a los futuros) en su autonomía a la hora de financiar a los medios de comunicación, particularmente a los de la comunidad autónoma.

O lo hacen por fastidiar o demuestran escaso conocimiento los promotores de esta iniciativa respecto a cómo se cocinan en el conjunto de las administraciones los anuncios, patrocinios, eventos y demás fórmulas de promoción y propaganda pública. Tampoco alcanzan a entender del todo cuál es la verdadera relación entre las instituciones públicas y los medios de comunicación. Y es que cada uno sabe de lo que sabe, salvo algunos políticos que se consideran portadores de la verdad única en todos los temas, públicos y privados.

En la Facultad de Periodismo, en la asignatura de Opinión Pública (muy entretenida e interesante), me ilustraron sobre cómo la teoría recoge que la oposición política se permite exagerar, medrar o mentir de cara a la ciudadanía y a continuación caer con total naturalidad en los pecados que tanto criticaba cuando toca poder. Después, en general el ejercicio de la profesión, además de demostrarme lo cierto de esta tesis, me ha enseñado que las reglas más elementales de la política actual han saltado por los aires, si es que alguna vez existieron.

Acuerdan el PSOE, Vox, UPL, Soria-Ya y el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León que un medio de comunicación sólo podrá recibir un 33 por ciento de publicidad institucional sobre su cifra de negocio anual. Es decir, los grandes medios serán una vez más los beneficiados porque su facturación es muy superior a la inmensa mayoría de los de esta comunidad, así que se trata de una gran medida económica de apoyo a la llamada España vaciada, que según parece por aquí no transita.

También se hacen referencias en la proposición que irá al pleno a suprimir la publicidad en medios de comunicación que hayan sido condenados o a los cada vez más famosos 'pseudomedios' que hayan difundido y publicado informaciones falsas o inexactas. La nueva policía política del momento decidiendo sobre la libertad de expresión. Claro, como la justicia ordinaria ya no es suficiente que impere la ideología predominante. Muy democrático.

Quienes redacten el texto que vaya a ser debatido y votado en las Cortes el 24 y 25 de junio en esta ley de publicidad institucional tendrán que ser unos auténticos linces, amén de especialistas en la materia, previsores al máximo sobre todos los caminos, vericuetos, zanjas, atajos y otros trucos legales y administrativos con los que se gestionan hoy en día los dineros públicos que acaban en las cuentas de resultados de los medios de comunicación. Estaremos atentos a la literalidad de la normativa, dada la experiencia propia en trabajar a ambos lados de esta ecuación y en distintos medios e instituciones.

La relación existente a día de hoy entre las administraciones públicas, la política y los medios de comunicación es motivo de un sereno y profundo análisis sociológico, psicológico, económico y legal. Con la cantidad de tela que hay que cortar en este asunto, apenas se habla de ello y en esta ocasión se debe única y exclusivamente a otra pataleta de Vox contra la debilidad parlamentaria del PP porque lo más gracioso del asunto es que la propuesta inicial de estos cambios en la publicidad institucional es de Podemos (Pablo Fernández), que recibe encantado los votos de sus máximos antagonistas, a los que siempre se refieren como fachas. Resulta inverosímil, o quizá no, que extrema derecha y extrema izquierda se entiendan en esta materia.